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LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA

El juez federal, Gustavo Villanueva, ordenó el traslado del líder de la comunidad de Cushamen, Facundo Jones Huala, para que cumpla la prisión domiciliaria luego de que semanas atrás la Cámara Federal de Casación Penal ordenara que se le otorgue ese beneficio. El líder mapuche abandonó ayer temprano la Unidad 14 de Esquel, donde estuvo detenido 13 meses, para instalarse en la casa de su abuela, Trinidad Huala, ubicada en la misma localidad, mientras espera una resolución de la Corte Suprema que debe definir si confirma o no su extradición a Chile por la causa de un incendio en el que todos los acusados fueron absueltos. 

“La disposición del magistrado contempla un régimen ilegal y restrictivo de visitas”, aseguró la abogada de Huala, Elizabeth Gómez Alcorta. Villanueva determinó que junto a Jones Huala sólo pueden estar hasta cuatro personas al mismo tiempo y los que ingresen deben ser autorizados por la Justicia Federal, en tanto que para entrevistas a medios de comunicación se deberá solicitar autorización con tres días de anticipación. El líder mapuche, será vigilado a través de una tobillera electrónica y sus guardadores serán su abuela y su tío, Mario Alberto Millán.

En tanto, otra de las defensoras de Jones Huala consideró que las condiciones impuestas por el juez Villanueva son arbitrarias. “Siguen cercenando no solamente su libertad sino también el rol de Facundo para con su pueblo. Siguen desconociendo y avasallando los derechos de los pueblos indígenas”, aseguró Sonia Ivanoff, abogada del líder mapuche, quién además indicó que “en los últimos años se caminó hacia atrás en materia de derechos de los pueblos indígenas. El único plan del gobierno para ellos es la persecución, la represión y la judicialización”.

El 13 de julio pasado, la Cámara de Casación Federal ratificó el rechazo a la excarcelación de Jones Huala, pero le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria fundada en obligaciones internacionales propias de los pueblos originarios, tal como se había pronunciado el fiscal Javier De Luca.

No todos los jueces que integran la Sala II de la Cámara de Casación Federal coincidieron en otorgarle el beneficio a Huala. Alejandro Slokar y Ana María Figueroa se expidieron en ese sentido. Eduardo Riggi, en cambio, se manifestó en contra. El acuerdo fue liderado por Slokar, quien se basó en la obligatoriedad del dictamen fiscal favorable, a la vez que consideró imperativo y superior a las leyes el Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que establece que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. El camarista también utilizó como fundamento la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esa línea, el beneficio de la domiciliaria de la mayoría del tribunal se fundó en obligaciones internacionales propias del derecho de los pueblos originarios. Así lo sostuvo también la jueza Ana María Figueroa, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente, el líder mapuche espera que la situación de su extradición sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia. La extradición del dirigente mapuche había sido solicitada por un tribunal de Chile en el marco de una causa por un incendio en la localidad de Pisu Pisué, hecho del cual se había declarado a Jones Huala ajeno e inocente. El pasado 5 de marzo, el juez Villanueva había aceptado su extradición solicitada por Chile, aunque su defensa interpuso un recurso que está pendiente de resolución en la Corte.

Jones Huala desminitó: "Yo no fui parte de esa acción de Pisu Pisué, pero sí reivindico acciones porque entiendo la línea política de los peñi y las lamien que se animan a confrontar al sistema. Hemos visto cómo mi gente se defiende de la represión con balas de plomo, lo hace con lo que tiene a mano. Estamos reclamando al nivel de horror que se llega: pedimos que si se nos reprime, aunque sea nos repriman con balas de goma, ¿cómo van a usar balas de plomo?, ¿cómo van a llegar a ametrallar como llegan, como lo han hecho en Chile tantos años? El Estado  ha matado jóvenes mapuce por defender la tierra. Yo no tuve nada que ver con el hecho de Pisu Pisué, pero conozco a las comunidades, conozco al lonko que estuvo pronunciándose contra las represas, fueron directamente a la casa de la machi. Los invito a leer y comprender el trasfondo del conflicto, para comprender que es un conflicto político. No se dejen engañar por el poder político y económico, no se dejen mentir. Sean conscientes de lo que está pasando. Es una medida de presión y hostigamiento para meter miedo: no se dejen amedrentar por el poderoso, por el winka, por el capitalista. Sigan adelante, tengan newen, confíen en la fuerza de nuestros ancestros, de la naturaleza. Estamos luchando por cosas nuestras, por nuestra tierra que dejaron nuestros abuelos y que va a quedar para nuestros nietos. El gobierno jamás va a querer un diálogo, por eso esto se da así. Tiene que haber una solución de Estado, en un acuerdo que pueda perpetuarse y proyectarse en todos. Ellos nos oprimen y lo único que quieren es que seamos su mano de obra. Nos quieren para que le construyamos sus casas. Para que nuestras hermanas y madres les limpien sus casas y sus hoteles. Para que seamos sus siervos".